Este lunes 5 de julio se llevará a cabo una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía del Congreso, para dictaminar el proyecto de ley que autoriza la libre desafiliación a las AFP y el traspaso de fondos de pensiones al sistema financiero.
Al insistir con esta propuesta, a la cual se oponen la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se buscaría acabar con el Sistema Privado de Pensiones (SPP), obligando a las AFP a liquidar las inversiones en bonos y acciones de los fondos de pensiones para, así, entregar los ahorros previsionales de millones de peruanos a las entidades financieras.
Cabe resaltar que para la sesión de este lunes se ha citado a los entes técnicos para emitir opinión, pero el proyecto ya cuenta con un predictamen que será debatido en dicha reunión. En consecuencia, la comisión ya tiene una decisión al respecto y la invitación a las entidades técnicas es solo un trámite protocolar.
El proyecto va en contra de la Ley Nº 26702, que establece en su artículo 221 las operaciones permitidas para las empresas financieras y no contempla las inversiones a largo plazo. Así, se pretende hacer creer a los afiliados que en estas entidades obtendrán una rentabilidad similar a la que otorga el SPP (11% de rentabilidad nominal anual desde su creación) y que sus fondos también serán intangibles e inembargables como en las AFP.
No obstante, en el sistema financiero, dado el negocio de prestar dinero, los ahorros de los afiliados estarán sujetos a riesgos de incobrabilidad, solvencia y liquidez, como han advertido diversas entidades técnicas y especialistas.
Invocamos al Congreso a no seguir hipotecando el futuro del financiamiento de la vejez de millones de peruanos. Este tipo de normas requiere de mayor análisis, apuntando a fortalecer el sistema de pensiones en vez de destruirlo. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar que las sesiones del Poder Legislativo deben garantizar el debate público y que sus decisiones se deben fundamentar en un constante y nutrido intercambio de argumentos, considerando que los que intervengan cuenten con los datos necesarios para emitir una opinión informada que se oriente al bien público.
Por ello, correspondería al próximo gobierno y Parlamento articular una reforma que promueva la competencia y la cobertura universal del sistema previsional.
