Poder Judicial ordena al Ejecutivo a retirar rejas en el Centro Histórico de Lima

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“Ya era tiempo que se lleven las rejas, era insoportable esta restricción, perjudicaba a todos los negocios y muchos tuvieron que cerrar”, comenta Luis Granados Mercado, uno de los dueños del Bar Cordano, que es uno de los negocios más emblemáticos y perjudicados por las restricciones del Poder Ejecutivo en el Centro Histórico de Lima.

Ayer, el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ejecutivo retirar todas las rejas que impiden el acceso a los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza Mayor “por vulnerar el derecho a la libertad individual-libre tránsito”.

La sentencia emitida por la jueza Milagros Grajeda exhorta al presidente Pedro Castillo, al primer ministro Aníbal Torres y al jefe de la Región Policial-Lima a que se abstengan en el futuro de colocar rejas de manera permanente, que restrinjan el derecho de libertad de tránsito sin justificación legal ni razonable.

De esta forma, se declara fundada la demanda de hábeas corpus que interpuso el ciudadano Carlos Fernández Vélez a favor de los trabajadores y consumidores de los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza de Armas afectados por el cierre con rejas, una medida irracional que tomó el gobierno de Pedro Castillo por temor a las manifestaciones en su contra.

DAÑOS IRRECUPERABLES

Según la Confederación Nacional de Comerciantes, la restricción del tránsito de personas generó pérdidas millonarias por más de S/144 millones, entre enero y setiembre.

Perú21 pudo constatar que la Plaza de Armas y zonas aledañas ya tenían libre tránsito de personas. Según los trabajadores de la zona, las rejas fueron retiradas parcialmemente desde el último sábado. Ayer, en horas de la mañana, no obstante, se restringió el acceso a la zona más cercana a Palacio de Gobierno por breves horas.

El fastidio que compartían los vendedores y dueños de las tiendas aledañas es evidente. Rubén Sánchez, trabajador de la reconocida zapatería Dextre, ubicada en el jirón Carabaya, se mostró aliviado al conocer la noticia y contó que su clientela había bajado hasta en un 70% en los últimos meses.

“Hemos estado pasando penurias acá. Era difícil para la gente que compra y también para los extranjeros. Teníamos otro negocio al lado que tuvimos que cerrarlo, no dio para más”, manifestó.

Luis Granados, uno de los dueños del histórico bar Cordano, narró que presenció muchos negocios que se vieron obligados a reducir personal, mientras otros simplemente desaparecieron.

“El presidente ha sido un sindicalista, debía entendernos. También ha reclamado sus derechos, sabe cómo son las cosas. Ahora espero que elija buenos ministros y sea más transparente en su gestión”, agregó.

Granados, no obstante, se mostró escéptico de futuros cambios porque, pese a la resolución contra el Ejecutivo, la Municipalidad de Lima también afecta a su negocio con obras para peatonalizar la zona, las cuales llevan meses sin culminar e impiden el libre tránsito.

Erick Santana, trabajador de una nueva cafetería en el jirón Junín, señaló que tuvieron que cerrar por más de un año, sin percibir ingresos. Estima que su negocio perdió cerca de 30 mil dólares en los últimos doce meses.

María Vera, vendedora de ropa de ‘La Fábrika’, en el Jirón de la Unión, consideró que aunque ahora esté prohibido que se pongan rejas de forma permanente, seguirán instalándose de forma continua “a raíz de que en este gobierno hay más protestas”.

MEDIDA ERA ILEGAL

La Procuraduría del Ministerio del Interior alegaba que la medida respondía a “la seguridad que se debe brindar al Presidente de la República” y la de los mismos “residentes y trabajadores” del Centro Histórico de Lima. Es decir, que indicaban hacerlo para protección de los comerciantes.

Bajo el análisis del Poder Judicial, se determinó que no existía justificación legal que permitiese el cierre permanente del acceso al centro de Lima, ni por “razones de seguridad ciudadana” ni por el estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana.

En esa línea, se concluye que el uso de rejas solo es válido en situaciones excepcionales y de manera temporal, para evitar el avance de la grupos violentos u otras circunstancias que sean razonables.

RECUPERAR LO PERDIDO

El enrejado de la Plaza Mayor de Lima ocasionó pérdidas por más de S/144 millones, entre enero y setiembre, a cerca de 1,300 comerciantes de los alrededores. Las estimaciones corresponden a la Confederación Nacional de Comerciantes, cuyo gerente general, Eduardo Estrada, adelantó que negocios perjudicados ya se preparan para recuperar lo perdido.

“Ellos han dejado de percibir un ingreso de dinero muy importante, que es esencial y se necesita para el desarrollo de una empresa como el tema laboral, pago de arbitrios u obligaciones como pagar un préstamo (…). Calculamos que esta semana se pueda recuperar un poco y que el monto (estimado de pérdida mensual, de S/18 millones) pueda bajar”, dijo Estrada, que también espera que el Ejecutivo acate la disposición judicial y que tales medidas no vuelvan a repetirse.

En ese sentido, explicó que la disposición del PJ se produce en un contexto “sin precedentes en el que el Ejecutivo y todas las autoridades competentes tomaron esta decisión arbitraria”.

“Queremos saludar y felicitar al Poder Judicial, que ha recogido el clamor de todos los comerciantes de la zona, por haber tomado esta decisión, que no hace más que recuperar la libertad de tránsito y de hacer empresa, que se deben mantener el país”, aseveró.

“Empresarios podrían pedir resarcimiento”

No se puede impedir el tránsito por un motivo que no sea racional ni tampoco puede ser permanente. Lo que pasó en la Plaza de Armas duró varios meses. Eso ha causado daño a las empresas, que son personas jurídicas con protección de la Constitución. No se puede restringir la actividad económica de ninguna empresa, grande o pequeña.

El perjuicio ocasionado permitiría a las compañías, en función a la sentencia del Poder Judicial, pedir el resarcimiento por daños y perjuicios al Gobierno, que por más mandato popular que tenga, no es un sujeto marginal a la ley. Sería un hecho emblemático. Además, la afectación al sector turístico es incalculable porque también dependen de esa zona. Sería bueno que, por primera vez, un Gobierno tenga que pagar.

Si se desacatase esta sentencia, podría establecerse responsabilidad de índole penal y civil. El responsable político y jurídico de lo que decida el Presidente de la República es el primer ministro y, en materia de seguridad, lo acompaña el ministro del Interior.

– Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional

TENGA EN CUENTA

La Municipalidad de Lima también presentó el 14 de setiembre una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo luego de que el gobierno decidiera colocar rejas a la Plaza Mayor de Lima.

El acceso a la Plaza de Armas estuvo bloqueado por más de 30 rejas desde que se inició el gobierno de Pedro Castillo. El ministro Roberto Sánchez ratificó ayer que las calles quedarán liberadas. TOMADO PERU 21.

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